jueves, 12 de junio de 2008

LA INMIGRACIÓN Y LA CRISIS CAPITALISTA

La “Directiva de la vergüenza”


La Unión Europea acaba de aprobar la llamada “Directiva de la vergüenza”. Con ella quieren convertir Europa en una fortaleza que permita a los gobiernos y a las burguesías europeas regular la mano de obra excedentaria en tiempos de crisis. Con la directiva aprobada los gobiernos podrán mantener hasta 18 meses en prisión a los indocumentados antes de ser expulsados, con el añadido de no poder volver al menos en 5 años.
Esta no es una medida aislada. En Italia, alentada desde el gobierno, se ha desatado una oleada racista y xenófoba. Berlusconi acaba de convertir la inmigración ilegal en un delito, con condenas que van de 3 meses a cuatro años de cárcel. También es delito alquilar viviendas a sin papeles.

Estado Español: más represión y más expulsiones

En España Zapatero bate récords de expulsiones: en 2007 lo fueron más del 92% de los inmigrantes que entraron ilegalmente, el triple que en Italia. Con la agudización de la crisis económica, el gobierno ha anunciado que pondrá en marcha la capitalización del paro para que los inmigrantes vuelvan a su país a medida que sean despedidos. Después de que el PSOE vendiera en Europa
la oposición a la “Directiva de la vergüenza”, Rubalcaba anunciaba que se ampliará de forma inmediata el período de detención de los irregulares para facilitar su expulsión. En 2007 murieron intentando alcanzar las costas españolas 921 personas. El estrecho, el Mediterráneo y la costa africana son “peinados” por los más sofisticados sistemas de vigilancia (Frontex), al tiempo que desarrollan la militarización en los países lanzadera a través del Plan África, la máxima expresión de los intereses de penetración económica de las multinacionales españolas en el continente. Al menos 27.500 emigrantes fueron deportados en los últimos 6 años a las fronteras con Níger y Malí, abandonados en medio del desierto del Sáhara.

La crisis capitalista endurece las políticas migratorias de los gobiernos .

Por su parte, EEUU va a ampliar a toda la frontera la llamada “valla virtual” contra la inmigración latina que penetra por la frontera mejicana. Más de 850.000 personas fueron expulsadas en el 2007. El recurso a la xenofobia como medio para canalizar el descontento social ante los efectos de la crisis está dando lugar a episodios de enorme violencia como en Sudáfrica, donde los pobres se enfrentan a los pobres con decenas de inmigrantes muertos. Pero la gestación de esta barbarie no es nueva ni reciente. La política recolonizadora del imperialismo está poniendo la puntilla a siglos de esquilmación y superexplotación de los obreros y los trabajadores campesinos a escala mundial, así como de los recursos naturales y de las materias primas de los países pobres. Desde la década de los 80 “el capital global ha estado llevando a cabo una auténtica ofensiva de alcance mundial (...) con el objetivo de hacerse con recursos naturales, mercados y fuerza de trabajo a lo largo y ancho del planeta”, un sistema productivo controlado por poco más de un millar de las corporaciones transnacionales más poderosas. Esta circulación transnacional del capital necesita verdaderos “ejércitos de reserva”, de manera que abaraten y mantengan a niveles bajos el coste de la fuerza de trabajo. En palabras de William Robinson: “el capitalismo global genera trabajadores inmigrantes”, porque “ejerce una violencia estructural sobre poblaciones enteras cuyos miembros ven imposibilitada su supervivencia en el propio territorio” y de esta manera, se ven empujados a migrar hacia países más desarrollados.

Las consecuencias para la clase trabajadora .

Las consecuencias de la crisis actual no sólo afecta a los emigrantes de las metrópolis. El envío de remesas de los inmigrantes a sus países de origen es fundamental para la economía de muchos de ellos. El PIB de Bolivia descansa en más de un 8% sobre unas remesas que con la crisis tienden a reducirse. Sólo en España han disminuido en más de 1400 millones de € en lo que va de año. Se calcula que la crisis está provocando que más de 100 millones de trabajadores del mundo entero se sumen a las filas de la pobreza extrema de manera inmediata.

Con el objetivo de mantener una tasa de ganancia que decae en tiempos de crisis, la burguesía necesita intensificar la explotación del trabajo asalariado, verdadera fuente de sus beneficios. Para ello necesita regular en primera instancia el mercado laboral y la mano de obra excedente. Las políticas migratorias han de ser entendidas como una forma más de regulación de la mercancía-trabajo. Los despidos y el consiguiente aumento del ejército de reserva (los parados) presionan a la baja los salarios y las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores. En épocas de crisis se produce un excedente de fuerza de trabajo y los inmigrantes son las primeras víctimas (la UE se plantea la expulsión con estas medidas de más de 8 millones de trabajadores inmigrantes), pero se equivocan quienes piensen que los trabajadores autóctonos están a salvo. Para el capital la fuerza de trabajo no tiene otra patria que el nivel de beneficio que pueda proporcionarle. Los discursos xenófobos que prenden en las filas de la clase obrera (“los españoles primero”) se dan de bruces con una realidad evidente: los trabajadores emigrantes son sólo un pequeño trozo del pastel para el capital. El grueso de la tarta está en la clase obrera nativa y es sobre todo del aumento de su explotación de donde el capital piensa recuperar y aumentar su tasa de ganancia.


Unidad y lucha.

El imperialismo no podría desarrollar estos planes sin la estrecha colaboración de las direcciones mayoritarias del movimiento obrero y de las organizaciones que controlan. Las expulsiones de emigrantes van acompañadas de políticas colaboracionistas por parte de los grandes aparatos sindicales para garantizar la moderación salarial, la pérdida de derechos y de salario indirecto (privatización de la sanidad, de la enseñanza, etc.). El gobierno Zapatero contó con Izquierda Unida para la aprobación del Plan África. CCOO y UGT apoyaron el reglamento de Ley de Extranjería y reclaman un endurecimiento de las políticas migratorias. Por su parte la mayoría de las organizaciones que dicen defender los derechos de los inmigrantes, subsidiadas en muchos casos por el propio gobierno, no impulsan más que políticas asistenciales o reformistas que, escudándose en la bandera de los derechos humanos, no van al fondo del problema ni enfrentan al gobierno y los planes de la burguesía.

Es indispensable pues, enfrentar estos planes con una política de unidad e independencia de clase. Levantar planes obreros para enfrentar la crisis que tomen como eje la unidad de todos los trabajadores, sean nativos o inmigrantes (“de aquí o extranjera, la misma clase obrera”). La división y el enfrentamiento entre trabajadores sólo beneficia al capital y sus gobiernos, que son quienes los alientan. Oponerse a la legislación (Directiva de la Vergüenza, Ley y Reglamento de Extranjería…), a las expulsiones y a las políticas represivas contra los trabajadores inmigrantes es parte de esa batalla en defensa de nuestros propios intereses como clase, trabajando por construir pacientemente alternativas que defiendan resueltamente los intereses de todos los trabajadores.

Fuente: kaosenlared / Miguel Martí

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