Los indicadores que permiten determinar la calidad democrática de un determinado régimen pueden ser más o menos exigentes, pero hay unos mínimos elementales de común aceptación cuyo incumplimiento no puede llevar a otra conclusión que la de que no estamos ante una democracia digna de ese nombre. Y esos criterios mínimos son los siguientes:
1. Legitimidad de origen. Para que se pueda hablar de régimen democrático, es obvio que su implantación ha tenido que producirse mediante un proceso constituyente convocado como tal, es decir, con plena libertad de participación de todas las corrientes políticas presentes en la sociedad en ese momento histórico. En el caso del actual regimen español, tal condición no se dio. A la muerte de Franco, Juan Carlos I juró como su sucesor a título de rey en función de las Leyes Fundamentales del Movimiento, estructura jurídica básica del regimen franquista.
Hoy Juan Carlos sigue siendo el Jefe del Estado de esta 'Monarquia constitucional', lo que establece una clara conexión, que aparece también en otras muchas estructuras institucionales, entre el régimen franquista y el actual.
Las elecciones generales del 15 de junio de 1975, a partir de las que se elaboró la Constitución vigente, fueron convocadas bajo la Ley de Reforma promulgada por las propias Cortes franquistas, y las fuerzas políticas que no asumían la llamada 'transición', quedaron excluidas como tales de aquel proceso electoral.
2. Separación de poderes.
No es ninguna una entelequia: aunque en última instancia haya una confluencia entre todas las expresiones del poder, al menos formalmente y en ciertos aspectos de la práctica política, la división de poderes es un requisito elemental para hablar de democracia. En el Estado español tal separación es inexistente y además notoria, lo hemos podido comprobar en estos días con nuestra propia candidatura. II-SP fue proclamada por la Junta Electoral Central, máximo órgano de la Administración electoral, con presencia además del aparato judicial, por cumplir todos los requisitos exigidos. El Gobierno, a través de la abogacía del Estado y de la Fiscalía, impugnó, como es sabido, la proclamación de la candidatura, y la mayoría de la Sala Especial del Tribunal Supremo, prevista para tales cuestiones, dio la razón al Gobierno por una mayoría de 11 magistrados a 5, con una base argumental tan penosa que incluso el editorial de El País del día 19 de mayo advierte de que sería inaceptable para el Tribunal de Estrasburgo.
3. Libertades fundamentales.
Con respecto al ejercicio de las libertad de expresión y de prensa, de la libertad de asociación, de la libertad de manifestación, etc., el panorama que nos ofrece la situación actual es simplemente desolador: cierre de periódicos y de otros medios de comunicación, ilegalización de organizaciones políticas y sociales, prohibición de manifestaciones cuando no interesan al poder...
No podemos olvidar, entre otros muchos casos, la brutal represión a la manifestación en Barcelona contra el Plan Bolonia, o la prohibición y la salvaje represión de la manifestación convocada en homenaje a Carlos Palomino en Madrid a los pocos días de su asesinato, el 11 de noviembre de 2007, por un soldado profesional miembro del partido nazi Democracia Nacional. Ese mismo día el Ministerio del Interior, cuyo titular ya era el señor Rubalcaba, a través de su Delegación en Madrid autorizaba, para mayor escarnio, varias manifestaciones fascistas.
4. Ausencia de presos políticos.
Y nos estamos refiriendo específicamente a aquellos que son encarcelados por profesar y defender políticamente un determinado proyecto.
En este Estado se cuentan por cientos las personas que están en prisión por tal motivo, y otras muchas son procesadas y represaliadas por similares motivos.
5. Seguridad jurídica.
Es decir, funcionamiento de las instituciones del Estado regulado de acuerdo con las correspondientes leyes y normas. Tal principio no existe en la práctica para la vida cotidiana, ya sea personal o colectiva; aquí el funcionamiento institucional es 'a la carta', en función de los intereses de cada momento. Lo que ayer no era delito hoy lo es, e incluso con carácter retroactivo.
Lo que no es delito para algunos sí lo es para otros, según cual sea su posición política, económica o social.
6. Igualdad de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley.
Solo destacaremos aquí una desigualdad constitucionalmente recogida y protegida, la de la irresponsabilidad penal del Jefe del Estado y por extensión la de su familia. Juan Carlos y sus parientes más próximos, aún en caso de estar incursos en delitos flagrantes, cosa evidente por otro lado, no pueden ser procesados porque están penalmente blindados por la Constitución monárquica de 1978.
7. Carácter no represivo de las fuerzas de orden público.
Teóricamente, su objetivo en un estado democrático y de derecho es combatir la delincuencia y aplicar la ley; en este Estado su objetivo principal es neutralizar a la oposición política y social. Las actividades concernientes a las fuerzas de seguridad del Estado deben realizarse, además, con respeto a los derechos humanos; aquí vemos cómo los malos tratos, las torturas e incluso las muertes en comisarias o en cuartelillos ocurren con una frecuencia que no puede ser achacable a meros incidentes, sino a prácticas consentidas y o alentadas desde el mismo poder político. Otra particularidad de las actividades represivas en este Estado es el de las desapariciones, práctica que desgraciadamente parece se extiende también al Estado Francés.
Podríamos hablar de otros indicadores, como el grado de corrupción, el papel de los medios de comunicación, etc.; pero creemos que con lo dicho hay mas que suficiente para sacar conclusiones.
Estamos ante de un Estado, un entramado de poder que tiene sus raíces más profundas en el régimen tardofranquista, con el que tiene una línea de continuidad esencial, que se simboliza especialmente en su Jefe de Estado, Juan Carlos I.
En este recorrido de más de treinta años, el actual régimen ha puesto en evidencia su naturaleza no democrática; y, desde luego, se asemeja mucho más a la Monarquía Alauita de Marruecos que a las democracias parlamentarias de Europa Occidental.
El régimen español, a estas alturas, es muy consciente de sus tremendas debilidades y de la deslegitimación social cada día más acusada que sufre, y recurre de una forma cada vez mas intensa y extensa a las represión como forma de garantizar su continuidad. Esa vía tampoco le va a servir a medio plazo. Tal como se hacía en el segundo quinquenio de los setenta, época en la que se hablaba del 'búnker franquista', ahora podemos hablar del 'búnker constitucional'.
Aquellos que pretenden que nada cambie, que todo permanezca igual porque es lo que conviene a sus intereses, ellos son los que constituyen ese sector inmovilista que está provocando una mayor fascitización e involución social.
Luis Ocampo. Representante General de Iniciativa Internacionalsita-La Solidaridad entre los Pueblos
20 de Mayo
domingo, 24 de mayo de 2009
Manifiesto I. Internacionalista - S.P.
Estamos asistiendo a la mayor crisis del capitalismo de los últimos ochenta años, y de nuevo los gobiernos de la Unión Europea quieren que paguen sus consecuencias los trabajadores y los sectores populares. En toda Europa, los despidos, los expedientes de regulación de empleo y la no renovación de contratos se convierten diariamente en el drama de millones de personas condenadas al paro, el desahucio y la miseria.
Los gobiernos europeos expolian el erario público para rescatar a los banqueros y ayudar a las grandes empresas, mientras el desempleo crece sin cesar. Es la Europa de las privatizaciones, del Plan Bolonia para mercantilizar la enseñanza superior, de la Directiva Bolkenstein o de la Directiva del Retorno contra los trabajadores inmigrantes, que alienta la xenofobia y el racismo.
La crisis actual, como no podía ser de otra manera, además de sus consecuencias económicas y sociales, está dando lugar a importantes transformaciones políticas, que se verán intensificadas en un futuro próximo.
En el caso del Estado español, la crisis, la global y la propia, están contribuyendo a dejar definitivamente al descubierto las carencias del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del régimen borbónico surgido del llamado proceso de "transición": corrupción generalizada, uso de la represión legal o ilegal como forma recurrente de afrontar los conflictos sociales y políticos con los sectores populares, precariedad de los servicios sociales, colapso de los sistemas educativos...
Muy especialmente, afloran las gravísimas carencias democráticas de un régimen cuyo Jefe de Estado, Juan Carlos I, fue impuesto por Franco, régimen que, en consonancia con esta situación aberrante, es incapaz de elaborar una ley de la memoria histórica que reconozca la realidad de la resistencia antifascista de nuestros pueblos.
Existe una corriente involucionista, neofascista, impulsada por sectores poderosos del capitalismo español y su entramado institucional y mediático, que tiene dos caras: la "moderna", cuya expresión más significativa es la UpyD, y la ''tradicional'', cuya punta de lanza es la Conferencia Episcopal Española. Dicha corriente involucionista, con sus diversas expresiones, es la que en este momento está orientando la estrategia de fondo del bloque dominante español, incluido el Gobierno del Estado. Una estrategia que se materializa, entre otras cosas, en la alianza PP-PSOE para conseguir el gobierno vascongado con un objetivo claro: la españolización de ese territorio.
Al otro lado estamos las fuerzas soberanistas e independentistas de izquierdas, las fuerzas políticas de la izquierda estatal respetuosas con los derechos nacionales de los diversos pueblos oprimidos por el Estado español, así como importantes movimientos sociales y sindicales, entre los que destacan el movimiento antifascista; el movimiento contra la privatización de la sanidad, la educación y los servicios públicos; las luchas obreras contra los EREs y despidos; la lucha de los estudiantes contra el Plan Bolonia; los movimientos de mujeres... A su vez, algunos de estos movimientos sociales tienen una importante articulación nacional-popular, especialmente en los pueblos en donde el proceso político soberanista está más avanzado.
Consideramos que existe la suficiente capacidad como para orientar en un sentido anticapitalista y democrático ese deseo cada vez mas extendido de cambio radical, aunque hoy por hoy dicha capacidad tenga un desarrollo desigual en nuestras respectivas naciones.
Partiendo de esta valoración, impulsamos este manifiesto, cuyos ejes básicos son:
Justicia social. Que la crisis la paguen quienes la han provocado: los capitalistas. El capitalismo español tiene unos rasgos especialmente agresivos, como la tremenda precariedad laboral, causa de la mayor tasa de paro y de empleo eventual de la UE. Y ahora la pretensión del sistema es dar una vuelta de tuerca más en lo relativo a la explotación y a los recortes sociales.Las gentes que apoyamos este manifiesto nos comprometemos a impulsar la movilización para frenar tales propósitos, exigiendo un plan de rescate de los trabajadores, sin temor a proponer para ello medidas anticapitalistas.
Libertades democráticas plenas. Estamos comprobando cómo, paso a paso, se van recortado los ya de por sí limitados derechos civiles existentes, tales como el derecho a la no discriminación por razones ideológicas, de lengua y cultura, de edad o de género. El derecho a la libre expresión, el derecho a no ser represaliado, torturado o procesado por las propias ideas. El derecho a votar y ser votado. El Estado español no respeta la soberanía de las diversas naciones bajo su jurisdicción ni del conjunto de los pueblos. Existe un entramado jurídico- político creado en la transición que ha convertido al Estado en una cárcel de pueblos y de gentes, así como en un pozo de corrupción.
No a la discriminación de género. Pero no como un mero enunciado formal y vacío de contenido, sino como una exigencia normativa, jurídica y práctica que posibilite realmente el fin de la discriminación. Lo cual incluye, entre otras cosas, el derecho y la posibilidad real de control de las mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductiva.
Derechos políticos. Reivindicamos los derechos negados por el régimen actual, entre los que hay que destacar el derecho de todos los pueblos a decidir de forma soberana su futuro, y no como un hecho aislado sino como un derecho permanente, es decir el derecho de autodeterminación. El derecho de cada pueblo a decidir su forma de gobierno y a la normalización de su lengua y su cultura nacionales.
Contra la Europa del capital. Estamos en contra de la Europa del capital y a favor de la Europa de los pueblos. Estamos en contra de la OTAN como expresión militar del imperialismo y, por tanto, exigimos la retirada del Estado español de dicha alianza militar. Estamos en contra de la especulación y el deterioro del medio ambiente. Estamos por la defensa de la soberanía alimentaria y de lo colectivo frente a lo privado.
Apoyamos los procesos soberanistas que se dan a nivel europeo, y asimismo expresamos nuestra solidaridad con los procesos de articulación patrióticos, antiimperialistas y de justicia social que tienen lugar en Latinoámerica, así como con los frentes de resistencia en Oriente Medio, y muy especialmente con la heroica lucha del pueblo Palestino. Desde una ferviente vocación internacionalista, apoyamos las luchas de todos los pueblos del mundo por su libertad y su dignidad.
Comisión promotora de la candidatura a Parlamento Europeo ''Iniciativa Internacionalista''
15 de abril de 2009
Los gobiernos europeos expolian el erario público para rescatar a los banqueros y ayudar a las grandes empresas, mientras el desempleo crece sin cesar. Es la Europa de las privatizaciones, del Plan Bolonia para mercantilizar la enseñanza superior, de la Directiva Bolkenstein o de la Directiva del Retorno contra los trabajadores inmigrantes, que alienta la xenofobia y el racismo.
La crisis actual, como no podía ser de otra manera, además de sus consecuencias económicas y sociales, está dando lugar a importantes transformaciones políticas, que se verán intensificadas en un futuro próximo.
En el caso del Estado español, la crisis, la global y la propia, están contribuyendo a dejar definitivamente al descubierto las carencias del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del régimen borbónico surgido del llamado proceso de "transición": corrupción generalizada, uso de la represión legal o ilegal como forma recurrente de afrontar los conflictos sociales y políticos con los sectores populares, precariedad de los servicios sociales, colapso de los sistemas educativos...
Muy especialmente, afloran las gravísimas carencias democráticas de un régimen cuyo Jefe de Estado, Juan Carlos I, fue impuesto por Franco, régimen que, en consonancia con esta situación aberrante, es incapaz de elaborar una ley de la memoria histórica que reconozca la realidad de la resistencia antifascista de nuestros pueblos.
Existe una corriente involucionista, neofascista, impulsada por sectores poderosos del capitalismo español y su entramado institucional y mediático, que tiene dos caras: la "moderna", cuya expresión más significativa es la UpyD, y la ''tradicional'', cuya punta de lanza es la Conferencia Episcopal Española. Dicha corriente involucionista, con sus diversas expresiones, es la que en este momento está orientando la estrategia de fondo del bloque dominante español, incluido el Gobierno del Estado. Una estrategia que se materializa, entre otras cosas, en la alianza PP-PSOE para conseguir el gobierno vascongado con un objetivo claro: la españolización de ese territorio.
Al otro lado estamos las fuerzas soberanistas e independentistas de izquierdas, las fuerzas políticas de la izquierda estatal respetuosas con los derechos nacionales de los diversos pueblos oprimidos por el Estado español, así como importantes movimientos sociales y sindicales, entre los que destacan el movimiento antifascista; el movimiento contra la privatización de la sanidad, la educación y los servicios públicos; las luchas obreras contra los EREs y despidos; la lucha de los estudiantes contra el Plan Bolonia; los movimientos de mujeres... A su vez, algunos de estos movimientos sociales tienen una importante articulación nacional-popular, especialmente en los pueblos en donde el proceso político soberanista está más avanzado.
Consideramos que existe la suficiente capacidad como para orientar en un sentido anticapitalista y democrático ese deseo cada vez mas extendido de cambio radical, aunque hoy por hoy dicha capacidad tenga un desarrollo desigual en nuestras respectivas naciones.
Partiendo de esta valoración, impulsamos este manifiesto, cuyos ejes básicos son:
Justicia social. Que la crisis la paguen quienes la han provocado: los capitalistas. El capitalismo español tiene unos rasgos especialmente agresivos, como la tremenda precariedad laboral, causa de la mayor tasa de paro y de empleo eventual de la UE. Y ahora la pretensión del sistema es dar una vuelta de tuerca más en lo relativo a la explotación y a los recortes sociales.Las gentes que apoyamos este manifiesto nos comprometemos a impulsar la movilización para frenar tales propósitos, exigiendo un plan de rescate de los trabajadores, sin temor a proponer para ello medidas anticapitalistas.
Libertades democráticas plenas. Estamos comprobando cómo, paso a paso, se van recortado los ya de por sí limitados derechos civiles existentes, tales como el derecho a la no discriminación por razones ideológicas, de lengua y cultura, de edad o de género. El derecho a la libre expresión, el derecho a no ser represaliado, torturado o procesado por las propias ideas. El derecho a votar y ser votado. El Estado español no respeta la soberanía de las diversas naciones bajo su jurisdicción ni del conjunto de los pueblos. Existe un entramado jurídico- político creado en la transición que ha convertido al Estado en una cárcel de pueblos y de gentes, así como en un pozo de corrupción.
No a la discriminación de género. Pero no como un mero enunciado formal y vacío de contenido, sino como una exigencia normativa, jurídica y práctica que posibilite realmente el fin de la discriminación. Lo cual incluye, entre otras cosas, el derecho y la posibilidad real de control de las mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductiva.
Derechos políticos. Reivindicamos los derechos negados por el régimen actual, entre los que hay que destacar el derecho de todos los pueblos a decidir de forma soberana su futuro, y no como un hecho aislado sino como un derecho permanente, es decir el derecho de autodeterminación. El derecho de cada pueblo a decidir su forma de gobierno y a la normalización de su lengua y su cultura nacionales.
Contra la Europa del capital. Estamos en contra de la Europa del capital y a favor de la Europa de los pueblos. Estamos en contra de la OTAN como expresión militar del imperialismo y, por tanto, exigimos la retirada del Estado español de dicha alianza militar. Estamos en contra de la especulación y el deterioro del medio ambiente. Estamos por la defensa de la soberanía alimentaria y de lo colectivo frente a lo privado.
Apoyamos los procesos soberanistas que se dan a nivel europeo, y asimismo expresamos nuestra solidaridad con los procesos de articulación patrióticos, antiimperialistas y de justicia social que tienen lugar en Latinoámerica, así como con los frentes de resistencia en Oriente Medio, y muy especialmente con la heroica lucha del pueblo Palestino. Desde una ferviente vocación internacionalista, apoyamos las luchas de todos los pueblos del mundo por su libertad y su dignidad.
Comisión promotora de la candidatura a Parlamento Europeo ''Iniciativa Internacionalista''
15 de abril de 2009
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