(El profesor de secundaria, y coordinador de TEE-REDES, analiza la ocasión perdida durante estos cuatro años para lograr un proyecto educativo integrador y que no cambie en la próxima legislatura.La falta de iniciativa política en los asuntos relacionados con la Educación han caracterizado la legislatura que ahora termina, reflejo de las dos ministras que han ocupado el cargo. María Jesús San Segundo y Mercedes Cabrera se han caracterizado por tener un perfil mediobajo y por la falta de imaginación y de proyecto. Y como resultado, se ha ido a la zaga de los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes les ha faltado de todo menos esa iniciativa que echamos de menos en los gobiernos del PSOE.)
Se comenzó la andadura con una acertada moratoria, y posterior derogación, de la triste Ley de Calidad de la Educación (LOCE ) que nunca llegó a aplicarse, pese a los conatos de algunos dirigentes autonómicos, como Esperanza Aguirre (presidenta de Madrid), de legislar de forma testimonial sobre las bases de la LOCE, en un intento más de vivir de espaldas a la legalidad y la legitimidad democrática que ha caracterizado al PP en esta legislatura.
La LOCE consagraba, en plena mayoría absoluta del PP, los sueños más rancios de la derecha española: segregación del alumnado en itinerarios, segundas y terceras vías para el alumnado de origen migrante, la cultura del esfuerzo, como solución a todos los problemas que nos aquejaban, etc. Esta paralización en su aplicación hizo, de alguna forma, concebir esperanzas de cambio que pronto se vieron defraudadas.
En efecto, la jerarquía católica vio motivos de alarma en la normalización tomada hacia la asignatura de religión católica despojándola, por tanto, de la equiparación con asignaturas significativas curricularmente. Este hecho insólito, concedido por el último Gobierno Aznar, envalentonó a los obispos y les hizo pensar en la vuelta al paraíso nacionalcatólico que no han dejado de reivindicar durante estos cuatro años de bronca y ‘lucha callejera’.
Tras arduas negociaciones (con importantes concesiones presupuestarias de por medio) el Gobierno pensó contar con la pax romana, pero se equivocó.
Ratzinger había considerado prioritaria la reconquista de los países católicos y España era, quizá, el primero en sus planes.
Así, otros artículos del primitivo proyecto de LOE fueron vaciándose de significado.
Quizá no se ha valorado lo suficiente la gran repercusión que está teniendo el abandono de la elección democrática de directores en los centros educativos. En efecto, la LOE abre la puerta a multitud de procesos que apuntan a la casi libre designación de directores por las distintas administraciones educativas. El resultado no se ha hecho esperar y hoy, mejor que nunca, se han sentido los efectos de direcciones de centros que no tienen que rendir cuentas a los claustros o consejos escolares, sino al dedo que los nombró.
Pero, a pesar de todo, no se ha conseguido un acuerdo de mínimos. El PP ya ha declarado su intención de modificar determinados aspectos de la LOE, si no de toda ella. Al final de la legislatura, nada hace presagiar un mínimo de estabilidad en el sistema educativo no universitario español atravesado por siete leyes desde 1990.
El Gobierno tampoco ha sabido o querido materializar una defensa de la educación pública y se ha dejado llevar por la corriente que dirige poco a poco al alumnado a los centros concertados, mayoritariamente religiosos, bajo la premisa de que lo público no funciona, funciona mal o está lleno de migrantes y otros indeseables. Se ha consolidado la tendencia a una concentración de autóctonos y migrantes de baja cualificación escolar en la red pública mientras la privada (subvencionada con fondos públicos) elige sus perfiles de alumnado para, a continuación, atribuirse los méritos de un éxito perfectamente previsible. Entre tanto la iglesia católica se asegura el control ideológico de los cuadros medios y altos de este sufrido país.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía cayó también en manos de una derecha rancia que acusó al Gobierno de adoctrinamiento, olvidándose, por otro lado, de la religión católica en horario lectivo. Se negoció deprisa y mal con la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) de tal manera que en muchos centros privados religiosos dicha asignatura es, en la práctica, una Religión Católica II. A cambio se pretendió evitar un precio político con los votantes del PP que el PSOE parece dispuesto a pagar más gustosamente agraviando constantemente a sus votantes y a la izquierda en general.
Otra ausencia clamorosa en esta legislatura ha sido la reconducción de la Formación Profesional hacia posiciones más en consonancia con el lugar que ocupan en otros países y con las necesidades más objetivas de la formación en España. Desgraciadamente la FP es casi siempre una asignatura pendiente.
SÍ A LA LOU Y SÍ A BOLONIAEstos años han servido para que el plan de Bolonia se conforme en una realidad en las universidades públicas españolas. Su implantación debe terminar en el año 2010 y ya se puede comprobar en algunos títulos, especialmente, de posgrado. Mientras, las licenciaturas, diplomaturas e ingenierías se han unificado en grados, todos ellos regidos por los creditos ECTS, y la incrementación de la financiación privada, ya sea mediante empresas o por el incremento de las cuotas de los estudiantes, becas-préstamos incluidas. En estos cuatro años, y en los anteriores las protestas contra el Informe Bricall, la LOU y, ahora, contra Bolonia no han desaparecido, aunque con altibajos, para intentar evitar este proceso de privatización y liberalización de la Universidad pública. La próxima cita será en diferentes universidades el próximo 6 de marzo.
Fuente: diagonal.net
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